El mandato constitucional del fomento cooperativo y su desarrollo legislativo, 40 años después

Resumen

El artículo 129 de la Constitución española de 1978 debe ser estudiado mediante una lectura ajena a orientaciones políticas y/o ideológicas parciales y acorde con los valores no de esas específicas líneas de pensamiento sino los consagrados en la propia Constitución. La lealtad constitucional en la interpretación del artículo 129 conduce a unos resultados inequívocos sobre el contenido de dicha norma, gusten o no. Partiendo de esta consideración, se analiza la amplia normativa, tanto estatal como autonómica, en materia cooperativa y que, aparte de la regulación sustantiva de estas, incorpora medidas de apoyo al cooperativismo y se valora si esas medidas son suficientes o no, tanto desde la óptica constitucional como a tenor de las estadísticas económicas. Se hace mención separada de los organismos que han sido creados de forma monográfica para el fomento de la economía social y, en particular, del cooperativismo, poniendo de manifiesto la necesidad de su replanteamiento, porque están más cercanos a posiciones gubernamentales que próximos a la ciudadanía. Además y de forma complementaria, se abordan eternas asignaturas pendientes, como la relativa a la legislación en materia educativa y que debería ser modificada para la incorporación de contenidos novedosos respecto de la economía social y el cooperativismo; o lo referente a los desempleados y la difusión gubernamental del cooperativismo, ya que centrando la atención no tanto en las medidas abstractas actualmente vigentes para el impulso de las cooperativas como en las acciones concretas de difusión del mismo, es conveniente también valorar si desde las correspondientes instancias gubernativas se está cumpliendo el aludido mandato constitucional del artículo 129 que vincula a todos los poderes públicos, entre ellos la Administración Pública en sus diversos órdenes.